Polonia 2025

El Parlamento aprobó una ley que amenazaba los derechos de las personas refugiadas y migrantes en la frontera de Polonia con Bielorrusia, en particular al suspender el derecho de asilo. Se dictaron fallos condenatorios contra activistas ambientales por actos pacíficos de desobediencia civil. La población LGBTI seguía sufriendo violencia de género facilitada por la tecnología. El acceso al aborto continuaba muy restringido. Polonia mantuvo una de las economías más intensivas en emisiones del mundo y su dependencia de las importaciones de gas y petróleo fue en aumento.

Información general

Karol Nawrocki, quien había hecho campaña electoral con discursos contra la inmigración, ganó las elecciones presidenciales en junio. En julio, el primer ministro Donald Tusk llevó a cabo una remodelación de su gobierno y suprimió las carteras ministeriales de Igualdad, Personas Mayores y Sociedad Civil.

En agosto, Polonia notificó a la ONU su retirada de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal (Convención de Ottawa), que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y obliga a su destrucción. Según los términos de la Convención, la retirada sería efectiva a los seis meses de su notificación, en febrero de 2026.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En marzo, Polonia introdujo una suspensión de 60 días del derecho a presentar una solicitud de protección internacional en la frontera con Bielorrusia, en aplicación de una ley aprobada por el Parlamento un mes antes. La suspensión se prolongó repetidamente y siguió en vigor a lo largo de todo el año. Las nuevas competencias de las autoridades permitían que éstas, en la práctica, llevaran a cabo devoluciones sumarias ilícitas en la frontera y, por tanto, eran incompatibles con el derecho internacional y la Constitución polaca.¹

Además, las autoridades mantenían una zona de exclusión (“zona de amortiguación”) a lo largo de la frontera de Polonia con Bielorrusia en la que personas no autorizadas como periodistas y personal observador de la sociedad civil tenían prohibida la entrada, y prestar ayuda a personas migrantes seguía siendo delito. En septiembre, un grupo de activistas conocidos como “los cinco de Hajnówka” fueron absueltos de “contribuir a la estancia ilegal de personas extranjeras”, delito que acarreaba hasta cinco años de cárcel. Estaban acusados de facilitar la presencia ilegal en Polonia de personas en movimiento al proporcionar ayuda humanitaria a migrantes que habían cruzado la frontera de forma irregular. La fiscalía anunció su intención de recurrir.

En junio se eliminó la lista de países a los que no se permitía devolver personas, en la que figuraban países como Siria, Afganistán, Eritrea y Sudán.

Impunidad

En enero, el gobierno aprobó una resolución en la que declaraba que garantizaría la participación “libre y segura” de “los máximos representantes del Estado de Israel” en los actos conmemorativos del aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, a pesar de las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional en 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Gaza. Finalmente, ninguno de los dos asistió a los actos.

Libertad de reunión pacífica

Continuaron los fallos condenatorios contra activistas ambientales del movimiento Última Generación por actos pacíficos de desobediencia civil cometidos en 2024. Varias de estas personas fueron arrestadas, multadas o condenadas a realizar servicios comunitarios por actos como bloquear un puente y varias calles o interrumpir un concierto.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia que sentó precedente en la causa Siedlecka v. Poland, que concluía que la práctica frecuente de la detención prolongada dentro de un cordón policial violaba el derecho a la libertad y la seguridad.

Discriminación

En marzo, el Parlamento aprobó una ley que incluía la discapacidad, la edad, el género y la orientación sexual entre los motivos para iniciar acciones penales por delito de odio. Sin embargo, el presidente no firmó el proyecto de ley, sino que lo remitió al Tribunal Constitucional, cuya independencia política se consideraba dudosa, que en septiembre lo declaró inconstitucional.

No obstante, la fiscalía general emitió en marzo unas directrices vinculantes para los servicios fiscales sobre la tramitación de procedimientos en los casos de delito de odio que incluían estos nuevos motivos.

En una sentencia histórica dictada en marzo, el Tribunal Supremo decidió que el proceso de reconocimiento de género debía clasificarse como procedimiento no contencioso, lo que eliminaba el nocivo requisito de que la persona solicitante tuviera que demandar judicialmente a sus progenitores para cambiar de género legal. Aun así, las actuaciones judiciales seguían siendo necesarias al no existir aún una legislación específica sobre el reconocimiento legal de la identidad de género.

La comunidad LGBTI siguió sufriendo en X una serie de actos de violencia de género facilitada por la tecnología. Aunque en mayo se nombró a una persona responsable de coordinar los servicios digitales, Polonia seguía sin incorporar a la legislación nacional el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, que obliga a las plataformas a identificar y mitigar los riesgos sistémicos para los derechos fundamentales.²

En noviembre, en una sentencia histórica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que Polonia debía reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo contraído legalmente por sus nacionales en otro país de la Unión.

En diciembre, se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que proponía la instauración de una unión civil para parejas del mismo sexo. Bajo el título aproximado de “Sobre el estatuto de la persona más próxima en una relación y los acuerdos de convivencia”, el proyecto legislativo tenía un alcance más limitado que el de borradores anteriores.

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso al aborto continuaba muy restringido. En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, en su sentencia sobre la causa A. R v. Poland, que Polonia había violado el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada que había viajado al extranjero para someterse a un aborto.

En febrero, un tribunal de apelación devolvió el caso de la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska a un tribunal inferior porque su proceso se había desarrollado sin las debidas garantías. La activista se enfrentaba a un nuevo juicio por ayudar a una embarazada a obtener píldoras abortivas.

El 8 de marzo, el colectivo Abortion Dream Team inauguró el centro AboTak para proporcionar información sobre el aborto sin riesgos y apoyar a quienes se sometían a esa intervención. Manifestantes contra el aborto se reunían regularmente en el exterior del centro y en varias ocasiones derramaron ácido butírico —que despide un fuerte olor y puede entrañar riesgos para la salud— cerca de la entrada. También emplearon tácticas que suscitaron preocupación porque implicaban acoso e intimidación, como mostrar imágenes perturbadoras y emitir niveles extremadamente altos de ruido que afectaban al personal de AboTak, a las usuarias del centro y a transeúntes y residentes locales.

En abril se abrió una investigación penal sobre la conducta de la doctora Gizela Jagielska, quien había practicado un aborto legal en una fase avanzada del embarazo. Posteriormente, la doctora fue objeto de agresiones físicas y verbales en persona y por Internet.³ En diciembre, la fiscalía desestimó el caso.

En julio, tres médicos fueron declarados culpables de poner en peligro la vida de una mujer de la localidad de Pszczyna. La mujer había muerto en 2021 de una septicemia al habérsele negado asistencia médica en una situación en la que un aborto habría podido salvarle la vida. La sentencia no era definitiva y los médicos la recurrieron.

Derechos económicos, sociales y culturales

En julio entró en vigor una nueva prestación de la seguridad social para personas viudas que les permitía cobrar tanto la propia pensión como parte de la del cónyuge fallecido. El gobierno calculaba que la medida beneficiaría a unos dos millones de mayores. Sin embargo, sólo podían acceder a esta prestación las personas que habían estado casadas, lo que discriminaba a las parejas no casadas y a las personas LGBTI+ al no existir el matrimonio igualitario en Polonia.

Polonia aún no había ratificado los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que permiten que las personas presenten denuncia a título individual por violación de sus derechos en el ámbito internacional. En septiembre, 14 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, pidieron al gobierno que diera ese paso.

Derecho a un medioambiente saludable

La contribución del carbón a la producción de electricidad cayó por primera vez por debajo del 50%. Aun así, Polonia seguía dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, pues el 85% de su energía primaria procedía del carbón, el petróleo y el gas. La dependencia del petróleo y el gas importados iba en aumento, y el gas tenía un papel cada vez más importante en el sector energético. Según el grupo de estudios Fundación Foro de Energía, la economía de Polonia seguía siendo una de las más intensivas en emisiones de carbono del mundo en cuanto al producto interno bruto (PIB) y también en consumo de energía.

El Ministerio de Clima y Medioambiente aprobó un nuevo borrador del Plan Nacional sobre Energía y Clima en julio, con objetivos actualizados que se extendían hasta 2040. El plan fue criticado, entre otras cosas, por sus objetivos poco ambiciosos en materia de energía renovable, que no crecían al ritmo necesario para alcanzar los objetivos de toda la UE.

En julio, la Comisión Europea inició procedimientos de infracción contra Polonia porque ésta no había incorporado plenamente a su legislación la Directiva de la UE sobre energías renovables, que era una de sus obligaciones jurídicas con arreglo a la gobernanza energética de la UE.